El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para endurecer las sanciones contra empresas que realicen llamadas comerciales o publicitarias de manera reiterada y sin autorización de los consumidores.
El dictamen modifica y adiciona los artículos 18 Bis y 127 de la legislación y contempla multas de 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos para quienes incurran en estas prácticas.
La reforma fue avalada en lo general y en lo particular y posteriormente enviada a la Cámara de Diputados para su análisis. En la sesión, el dictamen no recibió reservas y obtuvo 96 votos a favor, de acuerdo con los datos difundidos sobre la votación.
La iniciativa fue presentada por la senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez Simón el 21 de octubre de 2025 y plantea reforzar la protección de las personas frente a comunicaciones comerciales que continúan después de que el consumidor manifestó que no desea recibirlas.
Durante la discusión en el pleno, Martínez Simón explicó que el objetivo es establecer una protección más efectiva para los consumidores ante llamadas publicitarias no solicitadas y que pueden repetirse de manera constante.
La legisladora señaló que las personas deben contar con una herramienta para manifestar de manera efectiva su negativa a recibir este tipo de comunicaciones, sin tener que rechazar una y otra vez las ofertas de una misma empresa.
La propuesta también contempla que las compañías mantengan responsabilidad sobre las comunicaciones comerciales cuando recurran a terceros para realizar las llamadas.
De esta manera, la contratación de otra empresa para contactar a los consumidores no eliminaría la responsabilidad relacionada con el manejo de la información.
La reforma se incorpora al marco legal que actualmente establece restricciones para enviar publicidad a quienes hayan expresado su voluntad de no recibirla o se encuentren inscritos en el registro correspondiente.
Multas por llamadas no autorizadas
Uno de los principales cambios planteados por el Senado corresponde al monto de las sanciones. Actualmente, la multa señalada durante la discusión del dictamen es de 760 pesos, mientras que la reforma establece un rango considerablemente mayor.
Las infracciones relacionadas con el artículo 18 Bis serían sancionadas con multas de 56 mil 570 pesos a 2 millones 345 mil 728.71 pesos.
La senadora del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura, destacó durante su intervención el aumento de las sanciones y explicó que la medida está dirigida a empresas que insisten en promover mercancías, productos, servicios o tarjetas de crédito pese a que el consumidor ya manifestó que no está interesado.
Entre los principales puntos de la reforma se encuentran:
- Multas desde 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos.
- Prohibición de realizar llamadas comerciales reiteradas y persistentes sin autorización.
- Protección para consumidores que hayan manifestado su negativa a recibir publicidad.
- Responsabilidad de los proveedores cuando recurran a terceros para realizar las comunicaciones.
- Modificaciones a los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Empresas deberán respetar la negativa de los consumidores
La propuesta establece que proveedores y empresas que utilicen información de consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios no podrán realizar llamadas telefónicas, ni utilizar otros medios no autorizados por la persona consumidora, de forma reiterada y persistente con fines comerciales o publicitarios.
La discusión también abordó el origen de los datos personales empleados para realizar este tipo de comunicaciones.
Corona Nakamura cuestionó cómo las empresas obtienen los números telefónicos de las personas y planteó la necesidad de reforzar la protección de esa información.
De acuerdo con los argumentos incorporados al dictamen, las llamadas comerciales reiteradas forman parte de un problema que afecta la privacidad y la vida cotidiana de los consumidores.
También se citó información de la aplicación Truecaller, según la cual México se encuentra entre los países con mayor cantidad de llamadas no deseadas, con un promedio estimado de entre 20 y 25 llamadas spam por usuario al mes.
La reforma busca que la negativa expresada por una persona tenga efectos frente a posteriores comunicaciones comerciales y que las empresas respeten esa decisión.
Reforma contra llamadas comerciales pasa a la Cámara de Diputados
Durante el debate únicamente participaron las senadoras Mayuli Martínez Simón, autora de la iniciativa, y María del Rocío Corona Nakamura, quien expresó su respaldo al dictamen.
Martínez Simón sostuvo que el propósito es fortalecer la privacidad de los consumidores y evitar que su tranquilidad dependa de cuántas veces tengan que rechazar una oferta comercial.
Por su parte, Corona Nakamura señaló que las personas no deberían tener que dedicar de manera constante tiempo a rechazar llamadas o explicar que no están interesadas en adquirir los productos o servicios ofrecidos.
El dictamen aprobado por el Senado será analizado ahora por la Cámara de Diputados.
En caso de completar el proceso legislativo correspondiente, las nuevas disposiciones modificarían el régimen de sanciones aplicable a las empresas que realicen llamadas comerciales sin autorización y de manera insistente.
La propuesta mantiene el principio de que los consumidores pueden manifestar su voluntad de no recibir publicidad y establece sanciones económicas más elevadas para las empresas que incumplan con estas disposiciones.
