Con 35 votos a favor y 9 en contra, los diputados locales aprobaron el juicio político en contra de la magistrada expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sofía Martínez Huerta.
Ahora corresponderá al pleno del Poder Judicial seguir el procedimiento contra la magistrada, a quien se le podrán fincar responsabilidades por presuntos malos manejos de recursos a su paso por la presidencia.
Martínez Huerta tendrá que ser notificada por la Sala Constitucional y tendrá una oportunidad más para defenderse ante el Consejo de la Judicatura.
El dictamen presentado por la Comisión Instructora de la Legislatura fue resultado de la denuncia de juicio político presentada por el juez José Clemente Zorrilla, quien en noviembre del año pasado, fue removido del juzgado a su cargo por la magistrada, siendo que esta facultad es exclusiva del Consejo de la Judicatura y no de una persona en particular, motivo por el que se determina que podría existir usurpación de funciones en el Poder Judicial.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 27 al 32 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia y siguiendo la secuela procesal, podría negarse la declaración de inhabilitación o destitución, si la resolución del jurado de sentencia es absolutoria o si no se obtiene la mayoría calificada que exige este ordenamiento.
Si la resolución resulta condenatoria, se sancionará a la servidora pública, si está en funciones, con la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta 10 años, atendiendo a la gravedad de la infracción.
Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación en los términos indicados.
Ésta es la primera vez en la historia del Congreso del Estado que se aprueba por mayoría calificada un juicio de procedencia en contra de una mujer, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Los diputados consideraron que Sofía Martínez afectó intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho.
Al término de la sesión, el presidente de la Comisión Instructora, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, informó sobre esta decisión del Pleno y argumentó que ello es resultado de un trabajo transparente y con estricto apego a lo señalado en la ley.
