Integrante del movimiento Civil Independiente se pronunciaron en contra de “la ley garrote” enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y avalada por los diputados locales, ya que habría detenciones de líderes sociales que se encuentran en contra de diversas anomalías.
Oliver Olmos, integrante de MOCI, señaló la reforma al Código Penal de Veracruz, que incluye el delito de ultrajes a la autoridad, impedirá la libre manifestación y viola los derechos humanos.
“Estamos en contra de la judicialización de la protesta social, que es lo que quisieron hacer al decretar una ley mordaza y llevar como delito grave el de ultrajes a la autoridad, cuando quien comete los ultrajes al ciudadano es la propia autoridad”.
Criticó que dicha iniciativa haya sido enviada cuando se acerca el proceso electoral.
anunció que varias organizaciones interpondrán recursos en contra de las adecuaciones.
“Cualquier autoridad de seguridad pública, de tránsito, de vialidad coartarán la acción de protesta y nada más por mirarlos o comentarles alguna inconformidad ellos podrán denunciarnos y llevarnos a prisión preventiva desde 1 hasta 5 o 15 años como lo marca el nuevo decreto del Código Penal que acaban de modificar en el Estado de Veracruz”.
Insistió que se busca callar las voces de los organismos sociales que denuncian anomalías.
