Diversas organizaciones de la sociedad civil, se pronunciaron a favor y dieron su respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien elaboró el proyecto de sentencia del Amparo en Revisión 636/2019 y que se analizará este jueves 29 de julio, por lo que de aprobarse, obligará a Veracruz a reformar su Código Penal, pero sobre todo, abre la puerta para que se obligue a todas las entidades a reformar sus legislaciones.
“Lo que la Primera Sala está diciendo es que desde 1981 y desde 1998 las legislaturas de los estados tuvieron que armonizar el delito de aborto para estar acorde a los estándares internacionales, por supuesto que se abre esa posibilidad (de legislar en todo el País)”, expresó Esmeralda Lecxiur, representante de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam).
A través de una conferencia de prensa virtual, en la página Católicas México, aseguraron que de aprobarse el proyecto del Ministro, el impacto será positivo porque se debe entender que en materia penal hay un principio general que define que toda ley que se aprueba y que puede ser en beneficio del sentenciado, de la persona que está purgando una pena que es a todas luces violatoria de los derechos humanos, puede de manera retroactiva, otorgársele ese beneficio para que pueda, en un momento determinado, resolver su situación legal y sobre todo, su situación de privación de la libertad.
De aprobarse la sentencia y una vez que se haya reformado el Código Penal y sea establecida la posibilidad de la interrupción del embarazo hacia las 12 semanas en que exista una causal o excusa de parte de las mujeres; hay que darle la puerta de acceso para que acuda a la clínica donde la mujer puede interrumpir el embarazo con todas las garantías de salud públicas.
“Una vez que se reforma la Ley puede garantizarse el acceso a esto que garantiza la Ley a través de la política pública que debe de formalizar el Poder Ejecutivo de Veracruz, a través de la Secretaría de Salud”, expresó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Las y los miembros de Católicas por el derecho a decidir”, afirmaron que la ponencia está respaldada por unas 175 organizaciones de la sociedad civil, entre esas varias a nivel internacional y que es de suma importancia que se apruebe la ponencia de González Alcántara Carrancá porque en Veracruz muchas mujeres que están en la cárcel, no lo están acusadas de haberse practicado un aborto, sino por homicidio calificado.
“Las mujeres en Veracruz por eso han sido doblemente lastimada, no solamente han sido acusadas de aborto sino también de homicidio calificado porque justo es lo que hace este tipo penal”, enfatizó Esmeralda Lecxiur.
Por su parte, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), aseveró que desde que despenalizó el aborto en 2007, en la Ciudad de México han ocurrido más de 200 mil abortos, de los cuales, más del 20 por ciento son del Estado de México y de Veracruz.
En ese sentido, afirmó que de la entidad veracruzana han acudido más de 500 mujeres a interrumpir su embarazo, lo que significa que, si se logra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apruebe la sentencia, como obliga al Congreso local a modificar los artículos que generan discriminación; las mujeres van a tener que ser atendidas en este estado por su salud, porque las mujeres mueren por no practicárselo de manera adecuada.
“Las que los interrumpen, muchas son de bajos recursos, sin embargo, vienen a la capital para que se les dé acceso al aborto legal. Me parece que los estados que se llaman democráticos deben generar las garantías de mayor protección y si así lo establece la Suprema Corte, Veracruz sería un estado que esté garantizando esos derechos a las mujeres”, agregó De la Luz Estrada.
