Joaquín Guzmán Avilés, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, manifestó que el desafuero del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez y la aprehensión de la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, es muestra clara del regreso de la «ley del garrote» al Estado.
A través de un comunicado, refirió que la Constitución dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
«Hoy con Morena vemos exactamente lo opuesto. Abusando de su posición en el poder, de los nombramientos realizados en órganos que deberían ser autónomos, y de su mayoría en el Congreso local, Morena validó un proceso viciado de origen», señaló.
Sostuvo que en Acción Nacional creen firmemente que el respeto a la ley es la base de la democracia y del bien común que tanto se anhela, por eso, no pueden permitir que las leyes se usen a «capricho» y conveniencia.
«Reprobamos enérgicamente que se cometan actos de ilegalidad, usando como armas al Poder Legislativo y a un órgano autónomo como debería de ser la Fiscalía», subrayó.
Refirió que a decir de los diputados de Acción Nacional, el desafuero del alcalde y la síndica fue un acto ilegal y pleno de irregularidades.
«En el PAN no podemos avalar procesos fuera de la ley y menos una detención arbitraria. Pedimos que se investigue, y si son culpables que paguen por eso. Pero para ello antes tiene que haber una investigación y proceso apegado a Derecho. Insistimos, la democracia se construye con el respeto al ordenamiento jurídico. Sea cuál sea el resultado, los procedimientos deben estar dentro del marco de la ley», concluyó.
