Ante la llegada de empresas por el nearshoring y el T-MEC, es imperativo que se implementen medidas integrales que aborden tanto la disponibilidad de agua como la protección ambiental y la seguridad fronteriza, señaló José Manuel Urreta Ortega, presidente nacional de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales (Ancer).
Recordó que el río Bravo, no solo representa una frontera natural entre México y Estados Unidos, sino también un vínculo vital para comunidades a lo largo de su curso. Sin embargo, su situación actual es motivo de preocupación tanto para la seguridad nacional como para la sustentabilidad ambiental.
“El río Bravo enfrenta una crisis de agua sin precedentes. La sobreexplotación para la agricultura y el crecimiento poblacional han reducido su caudal, amenazando el suministro de agua para millones de personas y la biodiversidad que depende de él”.
Explicó que la proliferación de maquiladoras a lo largo de la frontera, incentivada por el T-MEC, ha estimulado la migración hacia el norte y ha aumentado la presión sobre los recursos hídricos compartidos.
El río Bravo abastece de agua a cerca de 15 millones de personas en Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas del lado mexicano y Colorado, Nuevo México y Texas, en territorio de Estados Unidos en una cuenca de 467 mil kilómetro cuadrados.
“Según el Tratado firmado por ambas naciones, a México le corresponde entregar a su vecino del norte 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua en periodos de cinco años. En el quinquenio anterior el Gobierno de México logró un acuerdo con el de Estados Unidos para pagarle el agua que le correspondía como parte del Tratado de 1944, recurriendo al líquido que se tenía reservado para el consumo humano”.
De acuerdo con el INEGI, los usos del agua en México son: 76% agricultura, 14% abastecimiento público urbano, 5% industria y 5% generación de energía eléctrica.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el país la disponibilidad promedio anual para 2030, estará por debajo de los 3 mil m3 por habitante al año.
Urreta Ortega señaló que se requiere un programa para garantizar la disponibilidad de agua, pero también que garanticen una buena captación, conducción, distribución y tratamiento que protejan la salud y medio ambiente pero que permitan operar a las industrias.
