El abogado defensor Raúl Cid Osorio explicó que no está acreditado que Édgar A.F quien despareció en marzo pasado, sea la misma persona que se ostentó como el “Comandante Corona” y recibió el dinero
Ángeles González CeballosXalapa, Ver
Los empresarios detenidos en Boca del Río, el pasado 21 de julio, Raúl Sánchez Cano y Jesús Chaín Oseguera, entregaron 2.5 millones de pesos como parte de una presunta extorsión de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara a través de Armida “N” y entregado a una persona, pero en ningún momento se ha acreditado que estén involucrados en la desaparición forzada de Édgar A.F.
Entrevistado por Vivo Noticias Veracruz, el abogado defensor Raúl Cid Osorio, explicó que a las oficinas de los empresarios llegó y se registró una persona con el distintivo de “Comandante Corona” para recibir los recursos que solicitó Armida “N”, presunta operadora financiera de la exvelocista.
“Después de que recibió esa cantidad de 2.5 millones de pesos, después de haber salido del inmueble desapareció y hasta la fecha no conocen su paradero. La Fiscalía considera que al ser el despacho de los empresarios la última ubicación donde se le tuvo a la vista y con posterioridad su desaparición, los están involucrando o tratando de relacionar en que ellos formaron parte de la comisión del delito, sin embargo, nosotros como defensa, en la audiencia que tendremos el domingo 26 a las 9:00 horas, expondremos a la juez de control Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, que, si bien es cierto esa persona arribó a esa ubicación, no significa que nuestros clientes hayan participado en la privación de la libertad y posterior desaparición de ésta persona”, expuso y subrayó que no iba solo, iba con otra persona que no se registró.
Recalcó que la Fiscalía no tiene acreditado que sean la misma persona Édgar A.F y el “Comandante Corona”, puesto que no hubo ninguna identificación de la persona desaparecida y que haya firmado un recibo a mano por 2.5 millones de pesos.
“Se ostentó como un comandante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, de la Fuerza Civil, luego entonces, lo que vamos a hacer es tratar de desacreditar que, si desapareció esa persona, evidentemente es un hecho que se tiene que investigar, es un delito de alto impacto desaparecer a una persona en este país, pero eso no implica que los empresarios hayan estado relacionados o confabulados en algún operativo para levantarlo y desaparecerlo. No hay ninguna prueba de la participación de los empresarios supuestamente en esta conducta delictiva”, añadió.
Todo se basa en apreciaciones subjetivas y sospechas infundadas por parte de la Fiscalía, subrayó.
Explicó que los empresarios, durante la audiencia inicial no aceptaron haber pagado la supuesta extorsión hecha por parte de Armida “N”, toda vez que ambos se acogieron al beneficio de no declarar en esta etapa procesal.
Sin embargo, precisó que anteriormente, durante la investigación, fueron llamados a declarar para deslindar responsabilidades ante el Ministerio Público y ellos, de manera voluntaria, acudieron en su carácter de testigos y en su momento refirieron que “sí habían sido extorsionados por parte de esta mujer, de la señora Armida, para pagar esta cantidad bajo amenazas. Sí aceptaron que habían pagado esta cantidad a una persona que se ostentó como “Comandante Corona y que fue por instrucciones de Armida”.
Sin embargo, Raúl Cid Osorio aclaró que no reconocieron haber conocido qué persona fue por el dinero, pues nunca le entregaron el dinero en mano.
“No hay ninguna prueba, no hay un video, no hay una testimonial, no hay absolutamente nada que nos pueda ni a la Fiscalía ni a nosotros, que nos pueda hacer creer que esa persona fue la que realmente entró al domicilio, sí llegó una persona ostentándose con ese carácter o distintivo de Comandante Corona para recoger el dinero y una secretaria del despacho de los empresarios le entregó precisamente la cantidad de 2.5 millones de pesos, pero nunca se ostentó o se identificó como ésta persona de nombre Édgar”, abundó.
Asimismo, recalcó que en la carpeta de investigación hay indicios para sostener que quien cobra la presunta extorsión no iba solo, iba con otra persona en el vehículo del desaparecido.
Manifestó que la Fiscalía cuenta con datos de prueba de que Armida “N” envió mensajes vía WhatsApp a Édgar A. F. para que fuera a recoger el dinero y hay otras conversaciones en donde ella se ostenta como “operadora” de la funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que el motivo de la solicitud del mismo era para la adjudicación de un contrato que había realizado la CONADE por instrucciones de la propia exvelocista.
El abogado defensor puntualizó que se dictó prisión oficiosa no por dos años, toda vez que dicho periodo es el máximo que se permite, sin embargo, ésta durará si es que son vinculados a proceso y durará hasta en tanto se emita la sentencia correspondiente, pero “es inconstitucional e inconvencional porque va en contra de los tratados internacionales suscritos por nuestro país”.
Finalmente, explicó que el delito imputado de desaparición forzada se da cuando existe el secuestro de una persona, pero no se puede acreditar que se pidió un rescate para su liberación o, que tampoco se puede acreditar el homicidio de una persona por no encontrarse el cuerpo, “cuando no puedes acreditar el secuestro ni el homicidio se crea el delito de desaparición forzada”.
