Este lunes se dio a conocer que el altercado registrado ayer domingo sobre la autopista 150D Orizaba-Puebla, a la altura del municipio de Maltrata, dónde un oficial de la SSP Veracruz perdió la vida, una oficial mujer fue retenida y armamento momentáneamente robado, habría obedecido a una reacción comunitaria ante un presunto abuso policial ocurrido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Veracruz.
El policía estatal fallecido fue identificado como Gibrán Martínez, mismo que recibió un balazo en la pierna y aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Río Blanco, perdió mucha sangre y eso le costó la vida.
Los primeros reportes señalan que todo comenzó cuando una patrulla de la policía estatal se desplazaba rumbo a la zona de Magueyes. En ese trayecto, un automóvil Nissan Tsuru negro rebasó a los oficiales, quienes supuestamente decidieron detener al conductor.
Habitantes aseguran que el hombre vecino de San José de Súchil, también conocido como El Xúchil, fue revisado y presuntamente despojado de sus pertenencias.
El conductor regresó a su localidad para alertar a sus familiares y vecinos, y en minutos, decenas de habitantes descendieron hacia la autopista, donde encontraron una patrulla que no correspondía a los oficiales involucrados en el presunto abuso inicial.
En medio de gritos, forcejeos y reclamos, los pobladores desarmaron a los policías, y durante ese caos, un arma fue accionada y el tiro alcanzó a Gibrán Martínez.
Sus compañeros intentaron responder, pero algunos se replegaron para evitar ser rodeados, mientras que una agente estatal quedó retenida por los habitantes y fue llevada a San José de Súchil, donde más de un centenar de personas se congregaron, incrementando el riesgo de un enfrentamiento mayor.
La situación obligó a activar un «código rojo», movilizando a corporaciones estatales y federales: Guardia Nacional Carreteras, Marina, Sedena y Policía Ministerial llegaron en apoyo para intentar negociar sin provocar un estallido mayor.
Horas después, y tras insistentes diálogos, la comunidad liberó a la oficial retenida sin lesiones y devolvió las armas que había arrebatado.
Cabe señalar que el cuerpo del policía fallecido fue enviado al Semefo de Orizaba para los procedimientos legales.
Hasta este lunes por la mañana, el Gobierno del Estado no ha fijado postura oficial sobre lo sucedido, mientras que las investigaciones avanzan en dos líneas: la muerte del uniformado y la presunta actuación indebida de los policías carreteros que desencadenó la movilización vecinal. La zona permanece bajo vigilancia reforzada.
