El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, reveló el caso de dos jueces que presuntamente favorecieron a individuos acusados de delitos graves. Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador el 9 de julio en Palacio Nacional, Rodríguez Bucio expuso que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo una suspensión provisional que impide su detención por nuevas órdenes de aprehensión, independientemente del delito, gracias a una decisión de un Tribunal Colegiado.
Javier Duarte, detenido en 2017 y sentenciado en 2019 a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, aún enfrenta un proceso por desaparición forzada. Los magistrados José Manuel Torres Ángel, Michel Franco González y Juan Carlos Ramírez Benítez, del noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, le concedieron la suspensión provisional por unanimidad el 24 de junio. Esta suspensión lo protege de ser detenido incluso si debe comparecer ante un juez de control y aunque se le imponga prisión preventiva justificada u oficiosa.
Rodríguez Bucio también mencionó el caso de Edgar Omar «N», detenido en 2008 por delincuencia organizada y secuestro de cuatro personas. La jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, del primer distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, le otorgó un amparo que obliga al juez quinto de distrito de procesos penales federales a dejar sin efecto la resolución del 8 de febrero que decretaba la continuidad de su prisión preventiva.
La jueza ordenó una audiencia de revisión para que se cese la prisión preventiva y se imponga otra medida cautelar, excluyendo la prisión preventiva justificada, solo por esta causa penal. Según la jueza, al haber transcurrido más de dos años, Edgar Omar ya no debe permanecer en prisión preventiva, aunque esta medida se justifique por riesgo de obstaculización de la investigación, fuga o peligro para las víctimas. Sin embargo, Edgar Omar continúa en prisión.
Estos casos, destacados por Rodríguez Bucio, ponen de relieve las controversias en torno a las decisiones judiciales que benefician a individuos acusados de delitos graves.
