Concesionarios de los verificentros y centros de verificación, revelaron que el Gobernador les informó que ve difícil dar marcha atrás a la modificación del Código Hacendario por la que ahora la Sefiplan será la dependencia recaudadora de los ingresos por la verificación vehicular.
En entrevista, Alejandro Huesca Sota, presidente de la Asociación de Verificentros Ambientalistas por Veracruz, indicó que solicitarían una audiencia con el Gobernador, para que atienda sus inquietudes.
Refirió que el viernes pasado lograron un acercamiento con el Mandatario en Fortín de las Flores, sin embargo, los dejó con más dudas.
«Le pedimos que reaccionara, que ha sido engañado, que la situación no es como se la plantearon, que en ningún estado se ha visto un programa realmente ambientalista, recaudatorio», indicó.
Manifestó que le expresaron su voluntad de trabajar a favor de Veracruz, pero no en las condiciones que él quiere.
Respecto de que la modificación se hizo para acabar con las malas prácticas, pidió a los servidores públicos que muestren un solo procedimiento administrativo por corrupción en contra de cualquier concesionario.
«No se vale llenarse la boca sin tener las pruebas, hablan de que los recursos son para la atención al Covid-19. Nosotros no estamos en contra de la salud de los veracruzanos, estamos en contra del procedimiento. No nos han dicho absolutamente nada (sobre la devolución de los recursos) y no lo queremos saber, cuando el dinero se va a la licuadora, saben lo que pasa», señaló.
Advirtió que si no son atendidos, el Gobernador tendrá un problema más de los que ya tiene, de manera que para defender su patrimonio harán todo lo que sea necesario como manifestaciones, bloqueos de calles, de carreteras, entre otros.
«Si el Gobernador quiere que le colapsemos el Estado lo vamos a hacer. Somos empresarios distribuidos en todo el Estado y cada uno ya tiene una función y por eso no ven tanta gente. Ya está la gente preparada para que en el momento que digamos va, vamos con todo», abundó.
Huesca Sota reiteró que son más de 300 concesionarios que se verían afectados junto con unas mil familias.
