Los gobernadores de todas las entidades federativas presentaron un Amicus Curie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para advertir a la presidenta del Alto Tribunal, Norma Piña Hernández, sobre las posibles repercusiones de eliminar la prisión preventiva oficiosa.
En el escrito presentado a la Corte, también instaron a la ministra a mantener la supremacía constitucional sobre cualquier normativa internacional, refiriéndose a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado mexicano por considerar inconvencional esta medida cautelar.
Los 32 mandatarios estatales coincidieron en que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa tendría graves implicaciones en materia de seguridad pública.
«Es crucial señalar el posible colapso de los tribunales federales al tener que analizar cada solicitud de modificación de medidas cautelares que impliquen prisión preventiva oficiosa», agregaron.
Los gobernadores señalaron que la medida cuestionada se refiere a delitos graves de alto impacto social, y que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta para combatir el crimen, garantizar un proceso penal adecuado, proteger a las víctimas y evitar la impunidad.
Hicieron un llamado a la SCJN para que considere estos argumentos, enfatizando que la decisión impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país.
Cabe destacar que la Corte discutirá un proyecto que no solo propone eliminar la prisión preventiva oficiosa, sino también negar órdenes de arraigo y ordenar investigaciones independientes en casos de denuncias de tortura, sin la participación de autoridades penitenciarias o de detención.
En caso de aprobarse, la propuesta tendrá efectos generales y deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto en el ámbito estatal como federal.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó un proyecto sobre la forma en que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe cumplir con una sentencia condenatoria de la Corte IDH en el caso García Rodríguez y otro contra México.
Pardo Rebolledo enfatizó que el Estado mexicano debe acatar y reconocer la totalidad de la sentencia de la Corte IDH en sus términos, sin cuestionar su validez.
