El representante de los concesionarios de los centros de verificación, Eduardo Mario Cazares Sort de Sanz, expresó que ya se interpusieron 200 amparos para que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) les venda los hologramas para la verificación vehicular, de esos, uno ya fue concedido.
En conferencia de prensa, agradeció el apoyo desde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hasta ministeriales y medios de comunicación locales y nacionales.
Explicó que de los 200 amparos interpuestos uno ya fue concedido el pasado 19 de marzo contra el decreto 830, por lo que un juez federal ordena a la SEDEMA que le venda los hologramas a ese concesionario de Córdoba.
Puntualizó que debido a que no les venden los hologramas mil 500 familias están sin ingresos.
Reiteró que tienen 30 días sin trabajar y se trata de personas, en su mayoría, de personas adultas mayores, madres solteras que dependen de su concesión.
«Vamos a seguir luchando en forma pacífica, esperemos que pronto podamos dar el servicio de verificación al Estado como se lo merece.
Por cuestiones del debido proceso no puedo contestar muchas cosas, tenemos que ser respetuosos del proceso y cautelosos», añadió.
Respecto de lo que se dijo que era preso político, indicó que no podía responder por el debido proceso, pero definió que es empresario, no político.
«Por el debido proceso tampoco puedo hacer manifestaciones porque estoy en libertad preventiva, tengo que acudir a las firmas que me ordenó el juez», aseveró.
Sorts de Sanz espera que con base en la resolución del juez de control su caso termine en un «mal entendido», pero recalcó que tiene que ser respetuoso.
Finalmente, respecto de la modificación al Código Penal para modificar el delito de ultrajes a la autoridad por el que fue detenido, expresó que los diputados deben analizar si llevan a cabo una modificación, pero en su caso lo único que pide es que los dejen seguir trabajando y tener el derecho a la libertad de expresión de manera respetuosa.
