La Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales, integrada por las representaciones empresariales de las diversas regiones en territorio mexicano, expresa de manera categórica su rechazo a la consulta que realizará el gobierno de México los próximos 21 y 22 de marzo en Mexicali sobre el proyecto de la empresa Constellation Brands para instalar una planta en la región, uno de los más importantes durante últimos años.
Al propósito, ANCER respalda y se une a la postura de CCE Mexicali para exigir al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador que cumpla y haga cumplir la ley. No es posible que sean las propias autoridades gubernamentales quienes pongan en entredicho el Estado de derecho en México, con la realización de una consulta pública ilegal, que responde más a una agenda política que económica.
Nuestra postura es que, si el proyecto cumple con todos los requerimientos, el Estado tiene la obligación de otorgarle todas las garantías para su puesta en operación; si no los cumple, aquellos funcionarios que en su momento otorgaron permisos deben ser llamados ante la justicia. Un tema de tanta relevancia no se resuelve a través de una consulta de percepción entre habitantes, sino de estudios y análisis técnicos elaborados por especialistas, basados en evidencias científicas.
La empresa ha informado que al momento ya existen los permisos necesarios, se han invertido 900 millones de dólares con un avance de obra superior al 60% y la planta no afectará la disponibilidad hídrica de la región. Es absurdo que por rumores hoy estén en riesgo estos grandes proyectos, que además de aportaciones millonarias anuales al municipio vía impuestos generará más de 3 mil 500 empleos para los habitantes de la zona, más de 750 permanentes.
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Sin lugar a dudas coincidimos que hoy y siempre será prioritario preservar el agua en todo el territorio mexicano, como un recurso estratégico para toda la nación. Ante esta relevancia, el pasado 17 de enero se llevó a cabo un foro con especialistas de todos los sectores de la sociedad, presidido por el titular de SEMARNAT, donde las propias autoridades concluyeron que no habría riesgo de disponibilidad del vital líquido.
Si, como se está volviendo una práctica recurrente, el gobierno realiza foros para después desconocer o ignorar lo que con base a evidencias científicas ahí se expresa, simulando apertura y procesos transparentes, la certidumbre a los negocios, el mayor crecimiento económico y el bienestar para los mexicanos jamás llegarán.
Estas acciones confirman que no existe hoy en México un ambiente propicio para los negocios, y ello se refleja tanto en el estancamiento económico del país como en los indicadores recientes dados a conocer sobre la poca confianza de inversionistas y consumidores en torno a nuestra economía.
México no va a crecer y los mexicanos no tendrán mejores condiciones de vida mientras sea el propio gobierno quien actúe al margen de la ley, y sea el propio gobierno quien propicie incertidumbre para los negocios en nuestro territorio.
Este gobierno ha demostrado que sus consultas públicas no son transparentes y están orientadas a obtener respuestas tendenciosas. No existe ninguna garantía de transparencia en estos procesos. En el tema del Tren Maya, por ejemplo, trascendió en días pasados que las propias autoridades de CONACYT ocultaron, y continúan ocultando información fundamental para una decisión seria y responsable al respecto.
Someter a consulta una inversión ya comprometida es continuar por una senda de desconfianza y transgresión a los derechos de los propios mexicanos. En cualquier contexto, no se pueden ni deben someter a consulta popular, y de manera unilateral, decisiones de tal envergadura. Para ello existen las leyes en México.
