El gobierno mexicano tomó la decisión de posponer, por seis meses, el cobro del Derecho de No Residentes (DNR) a los turistas que llegan al país por medio de cruceros, un impuesto que se iba a cobrar a los extranjeros que arriban por mar desde el 1 de enero de 2025, dio a conocer la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés).
“Tras una reunión con funcionarios del gobierno mexicano el viernes, la FCCA reconoce la decisión del gobierno federal de aplazar la aplicación de su nuevo impuesto de la Ley Federal de Derechos de los pasajeros de cruceros del 1 de enero al 1 de julio de 2025”, señaló la asociación estadunidense.
Se trata de un tema que ha estado en el ojo del sector turístico, sobre todo de la industria de cruceros en las últimas semanas, toda vez que el gobierno mexicano planeaba cobrar 42 dólares desde el siguiente año a los turistas que llegaban por medio de una embarcación, mismo del que estuvieron exentos al menos por una década.
Precisó que, si bien, el aplazamiento propuesto proporciona un respiro temporal, se requieren medidas más integrales para abordar las preocupaciones más amplias sobre el impacto “devastador» del impuesto en el turismo de cruceros, la economía de México y los medios de vida de sus comunidades costeras.
La FCCA apuntó que el cobro del DNR, que entraría en vigor tras el aplazamiento, impondría un cargo adicional de 42 dólares (860 pesos mexicanos) por pasajero, además del promedio actual de 20 dólares (408 pesos mexicanos) por impuestos y tasas que ya se cobran a los visitantes de los puertos mexicanos, lo que supone un aumento de 213 por ciento en el costo medio en los puertos del Caribe “lo que plantea serias dudas sobre la competitividad de los destinos mexicanos en el mercado mundial de cruceros”.
“Imponer tal carga a los turistas de cruceros con un tiempo mínimo de estancia real en México disuadirá a los visitantes, alterará los itinerarios de los cruceros y creará efectos económicos en cadena en las comunidades que dependen en gran medida del turismo de cruceros”, expuso la FCCA.
Según la asociación, con una modesta reducción del 15 por ciento en la llegada de cruceros a puertos mexicanos podría anular los beneficios económicos previstos del impuesto.
“Con una previsión de más de 10 millones de pasajeros en 2025, incluso un descenso mínimo en el tráfico de cruceros supondría una pérdida de millones de dólares en ingresos para las empresas, excursiones y servicios locales, lo que anularía o incluso superaría los ingresos fiscales totales previstos con la medida. Tales resultados podrían infligir un daño significativo a las comunidades dependientes del turismo en México, socavando el propósito del impuesto”, abundó en un comunicado.
Michele Paige, directora general de la FCCA, agradeció al gobierno mexicano «por escuchar nuestras preocupaciones y proponer un retraso en la implementación del impuesto que afectará principalmente a los ciudadanos estadunidenses. Sin embargo, la eliminación de la exención del impuesto en tránsito se hizo sin nuestra aportación previa y después de que la legislación fue aprobada. Es irónico que hasta que esta ley fue anunciada abruptamente la industria buscaba hacer crecer los negocios en México, y ahora ocurrirá lo contrario”.
“Esperamos tener la oportunidad de continuar un diálogo significativo en torno a una solución equilibrada que proteja a las comunidades de México, apoye su vibrante industria turística y garantice la asequibilidad de los viajes en crucero para nuestros huéspedes”.
