El abogado Juan José Llanes, dio a conocer que con base en la recomendación 155/2020, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la Sefiplan, por la violación a la seguridad jurídica de los empresarios proveedores de la administración estatal, desde el régimen de Javier Duarte, se define que hay un número indeterminado de víctimas y que la violación, hasta el día de hoy, aún prevalece.
En conferencia de prensa, informó que a partir de dicha recomendación, la Sefiplan deberá iniciar una investigación en contra de aquellos servidores públicos de las administraciones de Duarte y de Yunes por la violación de los derechos humanos de las víctimas.
Y, en el caso de la presente gestión, si hubiera omisión de los servidores públicos, también que haya una sanción.
Refirió que con base en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos define que la Sefiplan debe fincar responsabilidades administrativas.
«Tendría entonces la Sefiplan que hacer las denuncias correspondientes ante la Contraloría, si la Contraloría encuentra responsabilidades administrativas, está obligada la contraloría a presentar las denuncias ante la Fiscalía. Ya no es optativo. Si hay responsabilidades tiren que haber denuncias», puntualizó.
De manera que, los delitos que estaría denunciando la Contraloría General del Estado serían por el incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.
Acompañado de los afectados, el Abogado, subrayó que en toda la historia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sólo se han presentado dos recomendaciones de este tipo, de tracto sucesivo, la primera fue la que se emitió por la violación de derechos humanos a los jubilados y pensionados.
Estimó que la recomendación será aceptada por el titular de la Sefiplan porque con ello habría «congruencia» de un gobierno que ha presumido el respeto a los derechos humanos, pero porque es políticamente correcto.
Consideró también que se debe cuestionar al titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco si tiene la intención de pagar a los afectados, -no por las deudas de Duarte o los engaños de Yunes-, sino porque son adeudos institucionales o si pretende prolongar la violación de los derechos humanos de los empresarios.
Tras una larga exposición, hizo un recuento de la situación que se presentó desde 2010 y hasta 2016 y, posteriormente, en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, donde únicamente se simuló la intención de pago.
«Es una violación de tracto sucesivo, comenzó con Yunes y se ha perpetuado en este momento. Yunes gobernó dos años, éstos (el gobierno de Morena) ya llevan dos años. En un lapso de tres años, ¿en Veracruz quiénes gobernaron?: el PRI, el PAN y Morena en esos tres años todas las fuerzas políticas han sido gobierno y han sido oposición. Nunca en la historia de México, en una entidad federativa ha habido alternancias tan rápidas, enérgicas y diametralmente opuestas», señaló.
Expuso que la violación a la certeza jurídica dejó a un número indeterminado de víctimas, conforme lo definido por el organismo defensor de los derechos humanos.
Refirió que durante la administración de Yunes se emitió un acuerdo por el que se instruía a la Sefiplan a revisar y validar los adeudos de 2010 a 2016, a cargo de las distintas dependencias con proveedores y contratistas.
Sin embargo, para ese entonces el discurso estaba «cifrado» en lo que interpretaban la «necesidad» de pagar adeudos inexistentes, porque una de las estrategias de Javier Duarte fue la creación de empresas fantasmas.
Llanes definió que el gobierno estatal, en 2017, decidió que iba a revisar y validar esos adeudos para pagarlos, pero obviamente no tendría sentido revisarlos si no estaban destinados a pagarse.
Abundó que el 25 de febrero de 2018, el Gobierno informó que comenzaría a pagar la deuda, ello con base en distintas publicaciones de medios de comunicación.
