Los fraudes inmobiliarios representan cerca de 600 millones de pesos anuales y se mantienen en crecimiento en todo el país. Sergio Lavalle Garcés, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Veracruz, explicó que personas sin capacitación, conocimiento ni certificación, incursiona al ramo inmobiliario y ocupan la información con malos fines.
Advirtió que estos timadores ofrecen propiedades que no cuentan con la documentación correspondiente, pero además piden anticipos para supuestos apartados. Hay también fraudes inmobiliarios en desarrollos residenciales. Aunque no cuentan con permisos hacen preventas que no van a cumplir.
“También está el caso de los remates bancarios, hay personas que se hacen pasar por representantes de los bancos o de despachos de abogados y ofrecen propiedades que están en remate o en adjudicación, las cuales no tienen la documentación completa del proceso legal y piden apartados y le piden hasta a seis personas el adelanto por la misma propiedad y luego desaparecen”.
Recomendó acercarse a un profesional inmobiliario certificado, que cuente con sus documentos legales para operar, que tenga aviso de privacidad, que esté certificado ahí la norma 247 y que maneje contratos de adhesión y comercialización. Esa documentación dará certeza de estar tratando con un profesional. Destacó que todo socio AMPI es garantía de servicio ya que cumplen con la normativa de ley, los estatutos internos y códigos de ética.
“Un fraude inmobiliario es malversación de información, ocultar información o falsearla. También están los fraudes en las que supuestas personas están dadas de alta para sacar créditos hipotecarios, y después resulta que no los pagan”.
La AMPI también cuenta con protocolos para garantizar la seguridad de los usuarios y de los socios. Lavalle Garcés insistió que es importante realizar las operaciones inmobiliarias con asesores certificados.
