El Congreso de Veracruz aprobó la reforma constitucional electoral del Plan B, con 39 votos a favor y un debate intenso entre legisladores sobre austeridad, presupuesto y seguridad electoral
Tras un intenso debate legislativo, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó con 39 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones la minuta de proyecto de decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral. Con ello, la entidad se suma a la ratificación del denominado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El Pleno de la LXVII Legislatura avaló la minuta remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual reforma los artículos 115 (fracción I) y 116 (fracción II), y adiciona un cuarto párrafo al artículo 134 de la Carta Magna.
Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de labores, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, condujo el debate. Tras las intervenciones de los distintos grupos legislativos, se instruyó la apertura del tablero electrónico, confirmando la mayoría calificada.
La sesión estuvo marcada por una intensa discusión entre las distintas fuerzas políticas. Los legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron la propuesta bajo las banderas de la austeridad, mientras que representantes del PRI, PAN y MC expresaron dudas y críticas hacia el proyecto.
La reforma busca, fundamentalmente, reducir privilegios, redefinir la integración de los ayuntamientos y poner un tope al presupuesto de los Congresos locales. Ante lo que las diputadas de Acción Nacional, Indira Rosales y Monserrat Ortega, señalaron que la reforma no protege los procesos electorales de la intervención del crimen organizado. Rosales cuestionó la falta de consenso inicial con los aliados y puso en duda el ahorro real para los municipios veracruzanos:
En contraste, el diputado del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz, afirmó que la reforma generará ahorros nacionales por cerca de 4,000 millones de pesos anuales, cifra que calificó como irrefutable. En la misma línea, Dorheny García Cayetano, de Morena, aseguró que la medida pone fin al derroche y que los recursos ahorrados se traducirán en bienestar para la población.
Por su parte, los diputados del PT, Ramón Díaz Ávila e Elizabeth Morales García, respaldaron la iniciativa argumentando que reduce las desigualdades en el acceso a los servicios públicos.
El diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Mixto “Veracruz nos Une”, destacó que la iniciativa impone un tope a los gastos de los Congresos estatales, los cuales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad. No obstante, lamentó que el “Plan B” no incluya mecanismos para rastrear recursos ilícitos en las campañas ni endurezca sanciones contra la infiltración criminal.
La tensión alcanzó su punto máximo durante desencuentro verbal entre Yunes Landa y la morenista Victoria Gutiérrez Pérez. Con esta aprobación, Veracruz se une a estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Yucatán, Puebla y Baja California Sur en la ratificación de la reforma.
El contenido de la Minuta establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
Se precisa que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70% del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente.
Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales, así como prohibir la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.
Por otra parte, establece que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.
