- Sabe lo temeroso que puede ser cuando a quienes imparten justicia se les somete para que prevalezcan las voluntades ajenas a sus atribuciones
Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver
La magistrada integrante del Poder Judicial, Concepción Flores Saviaga, señaló que Veracruz se ha visto envuelto en una lamentable crisis de legalidad, la cual ha sido detonada por acontecimientos que han alcanzado incluso eco en las esferas nacional e internacional.
A través de sus redes sociales, reconoció que en una democracia, el poder político tiene un peso de suma importancia para
ejecutar acciones conjuntas de determinado gobierno.
«Sin embargo, al igual que otros profesionales del Derecho y particularmente, al igual que muchas personas que a diario convivimos con la justicia
y su impartición, sabemos lo temeroso que puede ser cuando a quienes imparten justicia se les
somete para que prevalezcan las voluntades ajenas a sus atribuciones y sobretodo, que dichas voluntades externas se encuentren por encima de lo que establece la ley», recriminó.
Dijo que como académica y como impartidora de justicia en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, se ve obligada a levantar la mano y exponer con argumentos, soluciones contundentes a las múltiples adversidades que enfrenta el Estado.
Admitió que podrá haber un significativo número de opiniones y críticas a favor o en contra de un gobierno u otro; sin embargo, quienes han tomado con seriedad la decisión de ser precursores de la ciencia jurídica, saben del alto compromiso que implica caminar de la mano de la justicia.
«Lo que, subsecuente y naturalmente, puede traer como resultado, la anuencia o el desdén de nuestros semejantes; lo anterior, en proporción, de la formación intelectual y la integridad valoral de cada individuo», subrayó.
Recordó que removieron a la expresidenta Sofía Martínez Huerta de su encargo por actos y omisiones que demostraron su conducción ilegal al frente de la
institución.
Recordó también que integraron una comisión para la elaboración y presentación del proyecto de controversia constitucional relativo a la defensa de la autonomía y soberanía del Poder Judicial del Estado, en atención a la intromisión e invasión de la esfera competencial de este poder
constitucional por parte del Poder Legislativo local, tal y como como constan en las Gacetas
Oficiales Extraordinarias números 270 de fecha siete y 304 de fecha treinta, ambas del mes de julio
del año 2020, donde dicho poder violentó flagrantemente, amparos de togados locales.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó dicho medio de control constitucional, toda vez que, quienes presentaron el instrumento jurídico, porque carecían de legitimación por ausencia de
representación, pues era (a criterio del máximo tribunal del País) necesaria la rúbrica de la
presidenta.
«Quedando con ello, en estado de indefensión nuestra institución judicial, siendo víctima
de una evidente y atropelladora intromisión de facultades por parte de otros poderes locales.
Asimismo, como es de conocimiento público, dicha remoción del cargo de la presidenta
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, fue producto de sus actos ilegales y omisiones traducidas a escándalos financieros por la incorrecta
administración de los recursos públicos de este Poder Judicial local», refirió.
Por ello, el 23 de octubre del 2020, nombraron a la actual titular de la presidencia del Poder Judicial del Estado, sin embargo, en muy poco tiempo, los poderes Ejecutivo y Legislativo, han mantenido una «presión constante y sistemática» a la institución judicial.
Lo que los ha llevado a presenciar una evidente «intromisión e invasión» de facultades a su esfera competencial como poder
constitucional, quedando tristemente rebasados por otros poderes que no tienen atribuciones para impartir justicia.
Enfatizó que desde diciembre del año 2020, mediante una solicitud formal, en conjunto con magistradas y magistrados, se le solicitó convocar a sesión extraordinaria para analizar y discutir la situación financiera del Poder Judicial local.
Se le pidió revisar la información relativa a los ejercicios presupuestales de los años 2020 y 2021, así como la cuenta de
los resultados obtenidos por el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia durante los ejercicios
2017, 2018, 2019 y 2020.
Asimismo, revisar los informes individuales del Órgano de
Fiscalización Superior y la posible implicación de servidores públicos del Poder Judicial del Estado, con el fin de solicitar a la Fiscalía General del Estado, la situación que guardan las denuncias que han sido presentadas como hecho notorio en razón de lo antes expuesto.
Sin embargo, hasta la
fecha no ha existido respuesta alguna por parte de la titular del Poder Judicial, a pesar de las múltiples reiteraciones a dichas solicitudes de información.
Fue ahí donde expresó que entendía que en una democracia el poder político tiene un peso de suma importancia para ejecutar acciones conjuntas de determinado gobierno.
Sin embargo, señaló al igual que otros profesionales del Derecho y particularmente, al igual que muchas personas que a diario conviven con la justicia
y su impartición, saben lo «temeroso que puede ser cuando a quienes imparten justicia se les
somete para que prevalezcan las voluntades ajenas a sus atribuciones y sobretodo que dichas voluntades externas se encuentren por encima de lo que establece la ley».
Lamentó que Veracruz es referencia nacional en temas alusivos a la ausencia de justicia como resultado de instituciones que no cubren las expectativas de los justiciables.
De igual forma, atravesaron por una aberrante crisis financiera de nueva cuenta, ante un déficit de cerca de 500 millones de pesos y, a pesar de que la presidencia del propio Tribunal y el titular del Poder Ejecutivo estatal, han desviado la atención pública en acciones de supuesta austeridad.
Flores Saviaga sostuvo que omiten que, de acuerdo al artículo 60 último párrafo de la Constitución Política local, el presupuesto al Poder Judicial podrá ser mayor pero no menor al 2 por ciento del total del presupuesto general del Estado, acto que no ocurrió en el
presente ejercicio presupuestal, convalidándose con ello, la intromisión de otros poderes al Poder Judicial del Estado, por encima de la ley suprema local.
