A pesar de existir una denuncia en contra de la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, por parte de un empresario veracruzano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la defendió y aseguró que las acusaciones contra la servidora son políticas.
Presuntamente, Ana Gabriela Guevara junto con la veracruzana Armida Ramírez, habrían exigido moches por asignar un contrato directo a la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA), cuyo representante legal es Carlos Donaciano Solórzano Pineda.
«No se hacen juicios sumarios, no podemos afectar la dignidad de nadie, no podemos adelantar vísperas porque si no, afectamos a las personas y no en este caso o a lo mejor también, pero ya empieza la cuestión política la temporada», justificó López Obrador.
Sin embargo, se le recordó que los señalamientos en contra de la servidora pública iniciaron desde prácticamente que arrancó la administración.
«Ya empieza la cuestión política, la temporada de la rivalidad política en todos los partidos, ya hay candidatos apuntados o precandidatos y entonces empiezan las acusaciones, si actuamos con responsabilidad, eso no quiere decir solapar actos de corrupción o como tapadera», afirmó.
El Mandatario aseguró que se investigará sea quien sea, pero recalcó que se debe cuidar la dignidad de las personas, aunque advirtió que de aquí en adelante habrá más denuncias con fines políticos.
López Obrador reconoció que desde que Ana Gabriela Guevara tomó el cargo en la Conade se están haciendo estas acusaciones, sin embargo, insistió en que no ha habido una investigación o pruebas contundentes en su contra.
«No ha habido resultados en la investigación, en mi caso nadie ni la secretaria de la Función Pública ni Santiago Nieto me han llevado un expediente sobre la señora Ana Guevara, si me llevaran un expediente, es más, no necesitan llevarme un expediente, ya cuando hay indicios de corrupción, la instrucción que tienen es denuncia a la Fiscalía», respondió.
-Ya está la denuncia en la Fiscalía, le recordó la reportera.
«Pero no es por parte de nosotros, entonces los particulares tienen también todos sus derechos y la Fiscalía tiene que resolver», atajó.
