Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver
La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, informó que darán inicio a diversos proyectos subsidiados por el gobierno Federal por un monto de 4 millones 510 mil pesos.
Durante la instalación de las Mesas de Coordinación Institucional, adelantó que además se entregaron 48 nombramientos a peritos, fiscales, intérpretes traductores, quienes coadyuvarán en los objetivos de diseñar un «plan emergente» para el acceso a la justicia con acciones para abatir el rezago de las carpetas de investigación en los delitos de violación simple y equiparada.
Asimismo, en lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas.
Así como implementación de un «plan emergente» para la atención, monitoreo y seguimiento a las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas que viven violencia.
Expresó que las Alertas de Violencia de Género de los años 2016 y 2017 son consecuencia del «abandono, indolencia e indiferencia» de los gobiernos anteriores y de quienes dirigían la Fiscalía hoy a su cargo, al ser permisivos de la violencia, impunidad y corrupción.
La Fiscal adelantó que en breve se pondrá en funcionamiento la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en el municipio de Nogales.
Recordó que tomó la decisión de construir, con recursos de la Fiscalía, con un monto de 130 millones de pesos dicho proyecto, mismo que contará un SEMEFO, un laboratorio de genética, un cementerio ministerial con capacidad para 210 cuerpos y una base estatal de datos en materia forense y ADN que permitirá la identificación oportuna de víctimas.
«Ya estamos trabajando en la contratación, evaluación y capacitación de quienes habrán de operar esta unidad integral, misma que a finales del mes de agosto próximo iniciará su funcionamiento», reveló.
Subrayó que también apoyan las búsquedas de personas desaparecidas junto con las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, colectivos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y corporaciones federales y estatales de seguridad pública.
