El presidente Andrés Manuel López Obrador incumple su promesa de campaña de regresar gradualmente a los militares a los cuarteles y, en un acto que atenta contra la ley y los derechos humanos, decretó que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad durante todo el sexenio, lo que significa militarizar el país, advirtió la secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Mariana Dunyaska García Rojas.
La diputada federal por Veracruz expresó que las Fuerzas Armadas han sido usadas de policía migrante, como constructores en el Aeropuerto de Santa Lucía y administradores y operadores de los recursos para atender la emergencia sanitaria del Covid-19, entre otras funciones; y ahora por decreto se encargarán de la seguridad pública hasta 2024, con la atribución de realizar detenciones del fuero local y policía migrante sirviéndole como muro fronterizo a Donald Trump.
La Guardia Nacional debería participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada pero con el decreto de López Obrador, tendrán la función de atender la seguridad publica de manera permanente, comentó.
Asimismo dijo que la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se subordinarán a las Fuerzas Armadas.
Apuntó que el planteamiento del Ejecutivo no implementa mecanismos de fiscalización y ni rendición de cuentas. Establece que las Fuerzas Armadas se autorregulen a sí mismas y no crea un organismo autónomo civil de vigilancia y fiscalización.
Dunyaska García Rojas, lamentó que ahora el presidente quiera ocupar a los elementos del Ejército y Marina para realizar detenciones locales, así como resguardar las fronteras bajo el amparo de este decreto, lo que violenta el artículo 129 de la Constitución Mexicana que dice que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Asimismo expuso también es contrario al derecho internacional, tal como fue expuesto en la sentencia del “Caso Alvarado” en año 2018, en el artículo 182 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles y excepcionalmente puedan intervenir en tareas de seguridad las fuerzas armadas.
Sin embargo estas deben ser justificadas, de manera excepcional, restringida, reguladas, fiscalizadas por órganos civiles independientes y sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial.
Finalmente, Dunyaska García Rojas aseguró que Andrés Manuel López Obrador instruyó este decreto con alevosía y ventaja al realizarlo en medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país a causa de la pandemia del Covid-19, aprovechando la oportunidad para militarizar la seguridad de la nación.
De igual forma reconoció el papel importante que han jugado las fuerzas armadas en el país, al seguir sirviendo a la nación en tareas de apoyo, ahora con el Plan DN-III ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus.
